Vitoria (EFE).- Raúl Fuentes, hijo de una mujer que murió arrollada por un tren en Llodio (Álava), lamenta que un año después persistan «los mismos riesgos» en el apeadero de Santa Cruz. En él solo hay un paso entre andenes en superficie. La única medida adoptada ha sido la instalación de videovigilancia.
Su madre, Rosa, tenía 80 años cuando el 13 de diciembre de 2022 se disponía a coger el tren de vuelta a su pueblo, Orduña, tras haber hecho las compras en Llodio.
Fue arrollada por un tren de Cercanías en pruebas en el que no iban viajeros. En el momento del accidente circulaba a 93 kilómetros por hora, según consta en los informes de la Ertzaintza.
Su familia ha llevado el asunto a los tribunales y la jueza de Instrucción de Amurrio está investigando lo ocurrido para decidir si hay indicios que permitan abrir un juicio penal.
Agotar vías judiciales
Su intención es agotar todas las vías judiciales en España. Están dispuestos a llegar a los tribunales europeos: «Es la única forma de que se tomen en serio la seguridad de las personas», apunta Raúl.
Muchas victimas, continúa, no recurren a la vía judicial porque no tienen recursos económicos «o porque las versiones oficiales de los operadores ferroviarios cierran filas entorno a la culpabilidad de las victimas». Ha precisado que esto «no es así, muchos riesgos son previsibles y han de ser evaluados para evitar los accidentes».
«¿Acaso es normal que doce meses después de la muerte de mi ama no se haya implementado medida alguna para reducir los riesgos?», se pregunta
Varios peatones cruzan las vías este viernes en la estación de Renfe Santa Cruz de Llodio.EFE\L.Rico
En todo caso el asunto «va para largo» porque Renfe y Adif «llevan diez meses mareando la perdiz». De hecho, añade Raúl, hasta hace 15 días no han entregado a la jueza el informe de su investigación sobre el accidente. En él achacan a una imprudencia de Rosa el fatal desenlace.
El abogado de la familia piensa recurrir el informe porque hay un testigo que «contradice» esa versión. Además pedirá un «peritaje independiente e imparcial», aunque es «complicado» dar con un experto que no tenga relación con ninguna de las dos entidades, asegura.
Raúl las acusa de «pasarse la pelota» porque una gestiona la vía (Adif) y la otra la estación (Renfe) y «cada una dice que es responsabilidad de la otra».
Distinta actitud de Adif y Renfe
Pese a todo la actitud de estas dos entidades con la familia está siendo diferente: «Adif al menos, pero no siendo suficiente, ha dado la cara, me llamaron después de que yo lo pidiera y me mostraron empatía. Ese no es el caso de Renfe, que solo me ha mostrado silencio y malos modos a través de su gerente».
Raúl Fuentes junto al presidente de la Asociación de Víctimas de Arrollamientos Ferroviarios, Gonzalo Faustmann. EFE\L.Rico
Un año después de la muerte de su madre, Raúl reconoce que está «desesperanzado» por la lentitud del proceso. También porque «todo el mundo se esconde».
No obstante, reafirma su intención de «seguir haciendo ruido en la vía judicial y ante el Ministerio», ya que al dirigirse al Gobierno «se abre una vía para ir a Europa».
Todo ello con un claro objetivo: «que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir». Por el momento se han instalado cámaras de vigilancia en la estación de Santa Cruz de Gardea, pero «no se ha solucionado la situación de riesgo».
«Los riesgos siguen siendo los mismos, cuando poner una barrera cuesta solo 100 euros, más o menos lo mismo que las cámaras que han puesto en la estación», se lamenta. EFE
