Pamplona (EFE).- El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha explicado en comisión parlamentaria que el diferente coste que ha tenido para Sodena, la CEN y Albyn Medical el acuerdo para dar salida al stock de mascarillas tras la pandemia se debe a un «criterio de razonabilidad».
Las discrepancias entre las partes se saldaron con dos acuerdos bilaterales de liquidación amistosa y definitiva, el 3 abril de 2023 con Albyn y el 14 de noviembre de 2024 con la CEN, para compensar parcialmente las pérdidas generadas por el excedente de 1,7 millones de mascarillas destinadas a empresas tras la pandemia.
Irujo ha apuntado que esos dos acuerdos tienen un contenido diferente «para ajustarse a las particularidades de la participación de cada entidad en el acuerdo».
El interés público del acuerdo de colaboración
UPN ha pedido explicaciones en la comisión por el hecho de que la sociedad pública Sodena terminara haciéndose cargo con esos acuerdos de un 70% del coste de la operación, frente al 15% asumido en cada caso por la CEN y Albyn.
El consejero ha aseverado que se han atribuido los importes de participación en la pérdida del proyecto «atendiendo a un criterio de razonabilidad, dado el interés público perseguido por el acuerdo de colaboración».
En todo caso, ha dicho, lo que ha hecho el Gobierno de Navarra es cumplir las recomendaciones de la Cámara de Comptos en su informe de 16 de diciembre de 2022.
UPN cree que hay «muchos cabos sueltos»
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha afirmado que la operación de compra de mascarillas se ha saldado con «1.241.000 millones tirados a la basura, ni un solo responsable en el Gobierno, muchos cabos sueltos y muchas preguntas sin resolver».
Álvarez ha indicado al consejero que su actitud en este tema ha sido «esconder y agarrarse a excusas para no asumir la responsabilidad que tuvo Sodena y el Gobierno de Navarra en esta cuestión, y la suya particular».
Tras resaltar que la Cámara de Comptos, en su informe de fiscalización, «fue extremadamente indulgente con ustedes», ha declarado que en este caso «nadie ha asumido responsabilidades y al final los únicos paganos son los navarros».
El PSN acusa a UPN de subirse al «carro del fango»
Ainhoa Unzu, del PSN, se ha preguntado «a qué viene ahora el tema de las mascarillas cinco años después» y ha considerado que se debe a que UPN quiere «sumarse al carro del fango una vez más». Ha señalado que éste «ha sido un tema muy complejo en el que se ha realizado lo que este Parlamento pidió a CEN, Albyn y Sodena, que era llegar a un acuerdo».
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha puesto de relieve que su grupo siempre ha apuntado a la CEN como principal responsable en este caso, ya que a su juicio no solo tuvo un papel de intermediario sino de «parte contratante». Sin embargo, ha agregado, «nadie quiso enfrentarse a un poder fáctico que en esta comunidad se llama Confederación Empresarial de Navarra».
Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha mostrado su sorpresa porque este es un tema que «todos y todas dábamos por más que zanjado» en el Parlamento. «Si no tienen otro pito que tocar, es que la situación está muchísimo mejor de lo que nosotros pensábamos», ha indicado a UPN.
Transparencia y rendición de cuentas
La parlamentaria del PP Maribel García Malo ha comentado que este caso «sigue generando dudas y preocupación y, sobre todo, exigencia de transparencia y rendición de cuentas», y por ello ha preguntado al consejero si se han introducido mecanismos de control más estrictos para futuras actuaciones de emergencia.
Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que en la pandemia, «en una situación de extrema necesidad, muy complicada», la istración intentó garantizar un stock suficiente de mascarillas para las empresas, pero estas, junto con la CEN, «dejaron tirado al Gobierno en esa operación».
Emilio Jiménez, del Grupo Mixto, ha denunciado que, ante este «despilfarro y fuga de dinero de los navarros», entre quienes participaron en la operación «nadie asume responsabilidades». Ha considerado que en esta cuestión ha habido «falta de previsión, poca transparencia y mala gestión».
