Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Las nueve organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos en las islas han convocado para este miércoles en las dos capitales canarias concentraciones ante las sedes de la Delegación del Gobierno para exigir la continuidad de Muface y que se mejore la asistencia sanitaria.
En una rueda de prensa, la representante de la Agrupación de los Cuerpos de la istración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), Yolanda Rivera, que ha actuado como portavoz de los nueve sindicatos (CCOO Canarias, USO, UGT Servicios Públicos y ANPEUSIE, UFP, SUP, ADIDE y SIAT) ha indicado que se trata de la primera protesta que se llevará a cabo en todas las provincias de España.
Con ella, ha dicho, se quiere reclamar una asistencia de calidad para los 1,5 millones de empleados públicos, más de 62.000 de las islas.
Rivera ha señalado que se seguirán movilizando para defender un «derecho» que consideran «histórico» y que perderán el próximo año si no se llega a un acuerdo.
En un manifiesto conjunto de las nueve fuerzas sindicales al que ha dado lectura Rivera, destacan que la migración de todas y todos los mutualistas ocasionará «un gran impacto en el actual sistema sanitario de la seguridad social», por lo que reclaman más inversión en la sanidad pública para lograr una atención de calidad.
Los sindicatos piden al Gobierno central un plan de viabilidad, al tiempo que denuncian a las aseguradoras que «con el argumento de que el modelo Muface está infrafinanciado, quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado y a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender».
Por ello, exigen que se concrete un acuerdo «estable, razonable y satisfactorio», que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en los que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que se mejoren las prestaciones.
Además, solicitan «más transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad», y que los sindicatos puedan participar en la negociación.
En el manifiesto, los sindicatos exponen que las tres aseguradoras que prestaban este servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse al nuevo convenio (vigente en el periodo 2025-2026) al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio.
Las aseguradoras reclaman una mejora en la dotación económica del 40 %, pero el Gobierno publicó unos pliegos de contratación con una subida del 17 %.
Según los sindicatos, las personas que están cubiertas por Muface cada año deciden entre las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública y en un 72 % de los casos se escoge la sanidad concertada.
En concreto, en 2024 un 34 % optó por Adeslas, un 25 % por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2 % por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re, si bien el 28 % restante optó por la sanidad pública.
No obstante, advierten de que las nuevas generaciones del funcionariado, que son menos costosas en términos de atención, optan mayoritariamente por el sistema público; en 2022 dos de cada tres nuevos funcionarios eligieron ser atendidos en la sanidad pública.
Asimismo, han denunciado que, ante esta situación de incertidumbre, desde la aseguradora DKV se han anulado ya las citas médicas. EFE
