Barcelona (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha urgido al Gobierno de España a abordar la reforma del sistema autonómico de financiación para que regiones infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana puedan atender a sus ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto, y ha exigido un compromiso con la reconstrucción tras la dana.
Mazón ha trasladado estas cuestiones en la Conferencia de Presidentes que se celebra en Barcelona, donde ha defendido un modelo justo, solidario y equitativo frente a «privilegios, cupos e independencias fiscales» y ha pedido a Pedro Sánchez una reunión «urgente» para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones de octubre.
En este aspecto, ha solicitado al Gobierno la habilitación de la contratación de emergencia para garantizar servicios básicos como el alcantarillado o el abastecimiento de agua, para que los ayuntamientos de las poblaciones afectadas por las inundaciones puedan realizar contrataciones de forma inmediata para los trabajos de reconstrucción, según informa la Generalitat.
Fondo de nivelación, FLA y financiación a fondo perdido
Mazón ha defendido prolongar la vida de las centrales nucleares para completar la transición energética «con pragmatismo y sensatez», ha abogado por un pacto de Estado en materia migratoria que sirva para luchar contra las mafias y fomentar las políticas en los países de origen, y ha criticado la imposición de un reparto de migrantes que, ha dicho, «no es realista ni posible con los medios que contamos».
El president ha reclamado un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana de 1.782 millones de euros hasta la llegada del sistema, así como la actualización «inmediata y automática» de las entregas a cuenta, que siguen en las cuantías de 2023 y que supondrán, ha dicho, una merma de más de 1.994 millones al año para la región.
Ha reivindicado el desbloqueo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario dotado con 2.500 millones de euros que, ha criticado, «se nos ha negado por primera vez en doce años», y ha asegurado que la Generalitat está asumiendo «un esfuerzo económico colosal para la reconstrucción de los daños provocados por las riadas» del 29 de octubre.
En este sentido, ha reclamado financiación a fondo perdido para reconstruir centros de salud, colegios o infraestructuras y la exención de los impuestos en las ayudas o los intereses de los préstamos para los afectados, y ha apelado a la coordinación institucional para dar respuesta a las necesidades de los afectados, a la vez que ha lamentado «las discrepancias».
Contratos de emergencia
Mazón ha pedido la habilitación de la contratación de emergencia para que los ayuntamientos de las poblaciones afectadas por la dana, aunque no estén en fase de emergencia, puedan abordar los trabajos de reconstrucción con mayor agilidad y eficacia, y con seguridad jurídica, una vía que ya se puso en marcha en la pandemia de COVID-19.
Se busca, ha señalado, que la burocracia no bloquee el deber institucional de actuar sobre servicios esenciales para los ciudadanos y es una herramienta «sin renunciar a la transparencia, ni al rigor jurídico», al servicio de los consistorios.
Inmigración
En inmigración, el president de la Generalitat ha reclamado un pacto que sea «leal» con las comunidades autónomas, que asumen el acogimiento y la atención a los inmigrantes «que no reconoce el Gobierno de España». En el caso de la Comunitat Valenciana, aumenta en un 66 % las plazas de acogida del sistema, que está al 160 % de su capacidad, ha asegurado.
Mazón ha criticado que el Ejecutivo imponga un reparto entre las autonomías que «ni es realista ni es posible con los recursos y los medios materiales y humanos que contamos».
La energía nuclear
Como ha hecho en varias ocasiones, ha defendido prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España, pues el cierre de Cofrentes retrasaría la independencia energética en veinticinco años, ha aseverado.
Mazón ha expuesto otros asuntos en su intervención, como una reforma legislativa para dar respuesta al fenómeno de la ocupación y la vulnerabilidad de los propietarios con desgravaciones a la propuesta de inmuebles ocupados, la eliminación de tributar por rentas impagadas o la agilización de los procedimientos judiciales.
En educación, ha pedido que el Gobierno cofinancie al 50 % la escolarización gratuita y universal de 0 a 3 años implantada en la comunidad para garantizar su sostenibilidad en el futuro; y en materia hídrica, ha reprochado «el ataque directo» del Gobierno a la provincia de Alicante con las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura.
