Valladolid (EFE).- Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes con el apoyo del PP y Vox la nueva Ley de Patrimonio, que deroga la vigente desde 2002, y que introduce cambios como la creación del denominado Censo de Patrimonio Cultural, la potenciación de los diferentes caminos a Santiago y un incremento en las sanciones para quien atente contra los bienes patrimoniales protegidos.
El debate parlamentario lo ha iniciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (Vox), quien ha defendido los cambios introducidos en la Ley, con la que en su opinión la Comunidad «avanza en la gestión de su patrimonio cultural», como «expresión y consecuencia del compromiso firme de este Gobierno de consolidar a Castilla y León como un referente cultural de España».
«Vamos a defender el patrimonio cultural, nuestras tradiciones y el español», ha sostenido Santonja, quien ha dedicado buena parte de su intervención a los sucesivos cargos de la Junta de Castilla y León que han participado, en las sucesivas legislaturas, en esta modificación que ha durado varios años y también ha elogiado el «esfuerzo de aproximación» por los acuerdos alcanzados en la tramitación con los grupos de la oposición.
Como principales cambios, Santonja ha destacado la creación del Censo del Patrimonio Cultural, la incorporación de los conjuntos industriales y los paisajes culturales como categorías de protección, las zonas de amortiguamiento en la protección de los BIC, la gestión sostenible con participación de los agentes sociales en los sistemas de patrimonio cultural, la preservación y protección de los valores de la peregrinación en los caminos de Santiago, en plural y la renuncia a la creación del Instituto de Patrimonio que preveía la anterior ley y que no se concretó en estos 22 años.
Críticas de la oposición por la financiación
El procurador socialista José Ignacio Martín ha denunciado que esta aprobación por parte del PP y Vox supone una «oportunidad perdida» para el patrimonio de Castilla y León, especialmente por la falta de financiación suficiente para proteger estos bienes, ya que este aspecto es la «clave de bóveda» sin la que los edificios, como esta ley, «se derrumbarán».
Martín ha rechazado que los acuerdos alcanzados en la comisión hayan superado la «cerrazón» de PP y Vox para resolver el problema de la falta de financiación, ya que los socialistas defienden la necesidad de destinar a estos fines el 1 por ciento del presupuesto consolidado, que reportaría 145 millones de euros anuales, frente al denominado 1 por ciento cultural, que ha aportado unos 5 millones al año.
«Poco ha bregado con el consejero de Hacienda», ha lamentado el procurador socialista dirigiéndose a Santonja, a quien ha propuesto que aproveche los próximos presupuestos para incluir en la Ley de Medidas ese incremento presupuestario para la protección del patrimonio.
Por parte de la UPL, la procuradora Alicia Gallego ha coincidido en que «la falta de financiación imposibilita» el cumplimiento de los artículos incluidos en la propia norma y también en el Estatuto de Autonomía, en concreto en la protección del leonés y el gallego en el territorio autonómico.
Sobre las sanciones, Gallego ha valorado que finalmente saliera adelante un cambio en el tratamiento de las sanciones graves y muy graves, ya que de haberse mantenido como estaba inicialmente previsto hubiera servido de «blanqueamiento» para quienes, pudiendo cumplir las normas, incurrieran en su incumplimiento por «dejadez» o «a conciencia».
Plazos para los expedientes BIC
En el caso de Leila Vanessa García, de Soria Ya, ha reprochado que la mayoría haya rechazado buena parte de sus enmiendas, entre otras los referidos a la resolución de los plazos de declaración de bienes de interés cultural, para que pasen a ser de 12 meses en lugar de los 24 que figuran en la norma, y evitar que se demoren durante décadas.
El procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha sido el encargado de defender la postura contraria a la aprobación de las enmiendas de la oposición que se mantenían vivas para el debate de hoy, aunque ha insistido en que PP y Vox han aceptado un buen número de enmiendas planteadas por la oposición, a la vez que ha ratificado que el propósito de la normativa es proteger de forma especial al español, y no tanto al leonés y al gallego.
En el caso del exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha echado también en falta la financiación suficiente y el «escaso» poder coercitivo de la norma, a la vez que ha reprochado la «mezquina elegancia» del consejero al no referirse al anterior titular de este departamento, ya que esta norma es muy similar a la planteada en la legislatura precedente, cuando Ciudadanos cogobernaba con el PP.
En materia de financiación, Igea ha retado a Vox a dar cumplimiento al compromiso plasmado por el PP en su programa electoral de 2022 para destinar el 1% del presupuesto a la protección del patrimonio, ya que de hacerlo votaría a favor de la norma, lo que finalmente no se ha producido al defender Suárez Arca (Vox) el texto tal y como está, con al menos 20 millones de euros en 4 años, y argumentar que el no tiene «nada que decir» sobre las promesas electorales de otros partidos.
Votación y explicación del PP
En la votación final, PP y Vox han respaldado el texto legislativo, mientras que el resto de partidos de la oposición (PSOE, UPL, Soria Ya, Unidas Podemos, Por Ávila y el procurador Francisco Igea) han votado en contra.
Tras esa votación, el procurador del PP Ramiro Ruiz Medrano ha explicado el sentido del voto de su grupo, con elogios al «buen clima de trabajo» en la fase de ponencia, con la aprobación de un «buen número de enmiendas», para contar con una «muy buena ley», mejor de lo que entró en las Cortes como proyecto de ley.EFE
