Toledo (EFE).- Un total de 65.098 personas están llamadas a participar en los procesos selectivos de las ofertas de empleo público de istración general de la Junta correspondientes a los años 2023 y 2024, cuyos primeros exámenes para cubrir 2.306 plazas tendrán lugar entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de este año.
Así lo ha dado a conocer este lunes el consejero de Hacienda, istraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa en la que ha informado de que más de 67.000 personas han presentado su solicitud para participar en estos procesos selectivos, en los que finalmente han sido 65.098 los aspirantes itidos.
Ruiz Molina ha resaltado que esta cifra supone «un 12 por ciento más que en último proceso selectivo de carácter ordinario» y lo convierten en el que más solicitudes ha recibido y en el que cuenta con más aspirantes itidos, de los que el 68 % (44.411) son mujeres y el 94 %, residentes en Castilla-La Mancha.
Asimismo, ha detallado que, del total de plazas, 1.435 son para personal funcionario y 871 para personal laboral.
Además, ha precisado que se ha reservado un 7 %, 162 plazas, para personas con discapacidad, de las que 116 son para discapacidad general y 46 para discapacidad intelectual, que tendrá un proceso «independiente», con pruebas y temarios «adaptados».
De igual modo, ha indicado que 842 de los aspirantes han solicitado algún tipo adaptación de las pruebas, como la ampliación del tamaño de los caracteres o la eliminación de barreras arquitectónicas, y que habrá intérpretes en lengua de signos y equipos informáticos adaptados a personas con discapacidad visual.
76 tribunales para los exámenes para un empleo público
El consejero ha especificado que se constituirán 76 tribunales, 52 para personal funcionario y 24 para personal laboral, integrados por 764 y que estos procesos selectivos movilizarán a cerca de 3.700 personas de organización y coordinación.
Además, se ha mostrado convencido de que se desarrollarán «con el mismo éxito» que los anteriores, es decir, «con normalidad» y sin incidencias.
«La maquinaria está engrasada», ha continuado el titular de Hacienda, istraciones Públicas y Transformación Digital, quien ha destacado el «gran esfuerzo logístico» que requiere el desarrollo de los exámenes, que tendrán lugar en 18 centros de la región, principalmente en Toledo, aunque aquellos que cuentan con mayor número de aspirantes -como los de auxiliar istrativo o personal de limpieza y servicios domésticos- se desarrollarán en las cinco provincias.
Ruiz Molina ha explicado que las primeras pruebas de cada categoría serán entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2025 y que en primer lugar se desarrollarán las de discapacidad intelectual, seguidas por las de los cuerpos superior y técnico de personal funcionario; y ya en las dos primeras semanas de octubre se celebrarán las de los cuerpos ejecutivo y auxiliar de personal funcionario, mientras que las de personal laboral serán entre el 11 y el 25 de octubre.
Más de 12.300 plazas para el periodo 2024-2027
Con estos exámenes, se inicia «la fase fundamental» de este proceso selectivo que es consecuencia de las sucesivas ofertas de empleo público que se vienen aprobando cada año y que, en este caso, forma parte del III Plan de Impulso a los Servicios Públicos para el periodo 2024-2027, que contempla la aprobación de un total de 12.371 plazas de nuevo ingreso, ha remarcado el consejero.
Igualmente, ha manifestado que para aprobar este número de plazas se han agotado «todos los límites establecidos en la legislación básica del Estado», es decir, en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Finalmente, ha destacado que desde 2016 y hasta 2024 se han aprobado más de 30.000 plazas y se estima que la cifra supere las 40.000 antes de 2027.
Todo ello, con los objetivos de reducir la tasa de interinidad, blindar las plantillas, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad, ofrecer oportunidades de promoción interna y posibilidades de encontrar empleo en la función pública, así como de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la mejora de los servicios públicos, ha concluido.
