Madrid (EFE).- El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha confirmado este miércoles ante la Comisión de Investigación del Caso Koldo en el Senado que el órgano que preside detectó posibles irregularidades contables en la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del Gobierno canario de entonces.
Las posibles irregularidades en las adquisiciones de material sanitario por parte del ejecutivo que presidía el actual ministro socialista Ángel Víctor Torres se apuntaron en un informe técnico de la Audiencia de Cuentas elaborado en 2022.
Aquel informe no fue aprobado en el pleno por los consejeros que, en aquel momento, integraban la Audiencia, por lo que no se confirmó su dictamen.
Sin embargo, ha sido aprobado después, tras la renovación de los consejeros una vez celebradas las últimas elecciones al Parlamento Canario que configuraron un parlamento en el que, ahora, existe una mayoría distinta a la de 2022 en la que predominan PP y CC.
Es decir, la actual composición de la Audiencia, nombrada tras el cambio de mayoría en el Parlamento de Canarias, fue la que dio luz verde al informe rechazado en 2022, según ha explicado Pacheco.
Responsabilidad contable
Entre las afectadas por la venta de mascarillas analizada en el informe figuran la empresa de Koldo Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos e investigado por varios delitos en relación con el cobro de comisiones ilegales, y también RR7 United SL, la compañía que vendió al Servicio Canario de la Salud, por 4 millones de euros, un millón de mascarillas que nunca fueron suministradas.
Entre los problemas señalados destaca la adjudicación de contratos sin concurso de varios aspirantes, un problema que Pacheco ha situado en su contexto: “hay que ubicarse en aquel momento, cuando la consigna de los responsables públicos era ‘consíganse’ las mascarillas. La fiscalización se inicia una vez pasada la parte más dura de la pandemia”.
No obstante, el informe no respalda que la Consejería de Sanidad autorizara a la Dirección General Recursos Económicos a contratar por encima de los dos millones de euros sin la debida concurrencia y sin pasar los controles fijados por la ley para cantidades de esa magnitud.
En cuanto al contrato con RR7, ha señalado que “el perjuicio es claro porque se pagó y no se recibió nada”, por lo que la responsabilidad contable parece clara, “aunque estamos hablando de indicios”.
La senadora socialista María Amparo Marco ha insistido en la situación de emergencia excepcional en la que las istraciones, como el Gobierno canario, se vieron obligadas a contratar la compra de mascarillas durante la pandemia.
El senador Salvador de Foronda (PP) ha lamentado que se hicieran incluso contratos por whatsapp, como ejemplo de reparto de dinero público entre «un grupo de amiguetes» que, aprovechando una emergencia, «hacía lo que le daba la gana» para poderse llevar «mordidas» a favor de empresas como la representada por Koldo Izaguirre. Y ha acusado al ministro Torres de ocultarlo. EFE
