Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias considera que su protocolo para la atención a los menores migrantes no acompañados que ha anulado el Tribunal Constitucional ha servido para mejorar la entrega de los niños llegados a las islas en pateras y cayucos a esta istración regional, responsable de tutelarlos.
Así lo ha defendido este jueves la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado (CC), después de que el pleno del Tribunal Constitucional haya decidido por unanimidad estimar parcialmente el recurso del Consejo de Ministros contra varios apartados del protocolo de atención a los menores llegados en pateras y cayucos aprobado por el Ejecutivo de Canarias el pasado año ante la crisis de llegadas al archipiélago.
«Ya entendíamos que podía ir por ahí la cuestión cuando se tomó la medida cautelar de suspensión. Los servicios jurídicos analizan el fondo del documento porque se estima sólo parcialmente el recurso interpuesto por el Estado», ha referido Delgado antes de inaugurar la segunda edición de Migri, encuentro estatal sobre planificación en gestión de las migraciones, diversidad cultural y convivencia social desde las istraciones públicas.
La consejera ha recalcado, en cualquier caso, que la «deficitaria tramitación de la entrega de los menores a la comunidad canaria» que alegó la comunidad para promover un nuevo protocolo, ha «mejorado» por esta iniciativa.
«Ya toda la entrega de estos menores se produce ante un funcionario público, que es el que verifica la documentación y que ese menor es quien se nos entrega. No era lógico que se hiciera directamente a las entidades (sociales responsables de los centros) porque la comunidad autónoma es la que sabe la red de recursos que tiene y dónde tiene que ir ese menor por su edad y características», ha aseverado.
Delgado ha subrayado que la potestad para distribuir a estos niños en función de sus requerimientos es la Dirección de Infancia y Familia del Gobierno canario.
La consejera ha asegurado que este departamento ha llegado a «unos niveles de coordinación maravillosos con la Fiscalía y las brigadas de Extranjería de la Policía. Además, con la fiscal superior de Canarias hemos llegado a un consenso de sentarnos y a partir del protocolo estatal volver a incidir en los aspectos que aún hay que pulir». EFE