Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias ha inspeccionado un total de 378 centros de mayores de Canarias desde julio de 2023 hasta la actualidad, elegidos de forma aleatoria, con el fin de comprobar que se cumple con la legalidad vigente.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha acudido este viernes a la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para hablar del procedimiento que se sigue para el cierre de residencias de mayores que no cumplan con los requisitos para prestar asistencia, como ha ocurrido en la isla de Gran Canaria.
Candelaria Delgado ha explicado que para cerrar los centros se precisan «razones legales», tras realizarse visitas y un seguimiento a las instalaciones por parte de los inspectores del Servicio de Inspección y de la Policía Canaria.
Todo ello con el fin de recabar los datos de los residentes y constatar que por parte de los titulares se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para proceder a cierre del centro.
Para llevarlo a efecto, se insta a los titulares de los centros a que en con los familiares o responsables de los residentes y así poder reubicarlos.
Asimismo, el servicio de inspección a directamente con los familiares y tutores a los efectos de comprobar que están informados de la situación y facilitar información disponible sobre distintas opciones de reubicación.
El servicio de inspección del Gobierno trabaja coordinadamente con la Fiscalía con la que existe un convenio de colaboración, así como con los cabildos insulares.
Su plantilla, que solo contaba con tres profesionales, se ha ampliado y ahora cuenta con veinte, además de los efectivos de la Policía Canaria hasta que se modifique la RPT de la Consejería de Bienestar Social, ha destacado la consejera en su intervención parlamentaria.
Respecto a la labor de la Policía Canaria, ha señalado que el convenio firmado con este Cuerpo permite que hagan inspecciones en los centros.
En conjunto, se han realizado 442 visitas de inspección entre julio del 2023 y lo que llevamos de 2024 a 378 centros de mayores de todas las islas.
Estos equipos especializados evalúan las instalaciones de manera aleatoria aunque si detectan algún incumplimiento, suelen reiterar las visitas para proceder a abrir un expediente en caso de ser necesario, ha indicado la consejera.
Según ha comentado, hay centros que han sufrido hasta nueve inspecciones en el presente bienio con el fin de garantizar que se cumple con las indicaciones que se les hacen a sus propietarios para que reviertan las situaciones que tienen motivo de la inspección. EFE
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