Granada,/Sevilla (EFE).- El Ministerio de Transportes ha comunicado a la Junta la retirada de las ayudas para el transporte gratuito de menores de 14 años por incumplir la obligación de decir en cada comunicación que esa financiación es del Gobierno central. Ante esto la istración autonómica ha avisado al ministro del ramo, Óscar Puente, de que «le están esperando casi nueve millones de andaluces y todo el gabinete jurídico de la Junta».
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido que la retirada de las ayudas al transporte para menores de 14 años en Andalucía es consecuencia de la «infracción flagrante» y a «otra» deslealtad de la Junta. A este le ha reprochado que amenace en vez de reconocer el error.
Fernández ha recordado que el decreto sobre estas ayudas al transporte, del pasado 28 de enero, está vinculado a una ley que establece que las comunidades autónomas tienen obligación de especificar que los fondos de esa gratuidad proceden del Gobierno central y hacerlo además en cualquier contexto hablado, escrito o documental.
«Flagrante infracción»
Ha asegurado que la medida de Transporte responde a la «flagrante infracción» cometida por la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz. Esta ha obviado que la gratuidad del transporte en Andalucía para menores de 14 años con la Tarjeta Joven se costea con financiación cien por cien del Gobierno central.
«Y esa infracción trae las consecuencias aparejadas porque hay una revisión expresa», ha añadido Fernández. Ha asegurado que la Junta conoce perfectamente sus incumplimientos y ha actuado con deslealtad institucional «una vez más».
Ante este anuncio, la portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, ha asegurado que «no vamos a permitir chulerías del ministro Puente al pueblo andaluz. Si es capaz de quitar las ayudas al transporte para los jóvenes andaluces, que lo haga. Porque se va a encontrar con la respuesta y contundencia del pueblo andaluz».
La consejera y portavoz ha insistido en que, si el Gobierno «se atreve» a quitar esas ayudas, la Junta actuará «con todas las herramientas jurídicas a su alcance, que no van a ser pocas». De hecho, los servicios jurídicos ya están estudiando las medidas, según ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Dar la batalla
Ha cifrado en 1,2 millones los jóvenes a los que el ministro está «atacando» con esta decisión. Y ha sido contundente en su mensaje. «No vamos a permitir ni una chulería más, hasta aquí hemos llegado».
El Gobierno que preside Juanma Moreno «dará la batalla» y defenderá a los jóvenes «con uñas y dientes», ha afirmado la también consejera de Hacienda. Además se ha preguntado si le harían lo mismo a otras comunidades como Cataluña o País Vasco.
Ha explicado que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, dijo «en todo momento» que eran ayudas financiadas por la Junta y por el Gobierno. Y ha mantenido que «en cualquier caso» el Real Decreto habla de hacer mención en caso de publicidad o publicación.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández también ha criticado que la Junta responda al expediente abierto por Transportes para retirar la ayuda con amenazas y el anuncio de medidas judiciales penales contra el ministro, Óscar Puente, en vez de intentar reconducir la situación.
«Madrid rectificó y aclaró en una rueda de prensa que la financiación era del Gobierno de España y se recondujo la situación», ha añadido Fernández, que ha reconocido que él habría apostado por tender puentes y preservar el interés general de los andaluces en vez de amenazar como está haciendo la Junta. EFE
