Huelva (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha cerrado en los últimos cinco años 296 pozos ilegales en el entorno del espacio natural de Doñana. Otros 205 están en proceso de tramitación para ser clausurados.
Además, se han cerrado otros 476 pozos que estaban regularizados por sustituir el uso uso de agua subterránea por superficial. Así lo recoge en el último informe de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte Forestal, al que ha tenido EFE.
En la acción de la CHG contra estas captaciones ilegales, el cierre en procedimientos de ejecución forzosa ha venido acompañado de la ejecución de medidas cautelares de precintado de tomas en procedimientos sancionadores contras 66 tomas. Su objeto es impedir la continuidad de la derivación ilegal del agua.
La superficie ilegal estimada que riegan estas tomas es de unas 229 hectáreas. El volumen de agua derivado es de 1.274.881 m3 al año.
Dos planes de inspección de cultivos bajo plástico cada año
El informe sobre los pozos de Doñana recoge que la CHG realiza dos planes de inspección de cultivos bajo plástico cada año. Para ello recurre a técnicas de teledetección espacial. En virtud de los datos obtenidos, se preparan planes específicos de visitas para la inspección.
En la campaña 2023/2024 se han ejecutado tres planes de inspección. Ha sido teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el tratamiento de imágenes satélite por teledetección.
En total se han realizado 69 actuaciones y han sido inspeccionadas 631 hectáreas. De este modo se han localizado 326 hectáreas de cultivo bajo plástico ilegal. Además se han detectado 38 pozos y 16 balsas no amparadas por título istrativo.
La evolución de la superficie en la que se implantan los cultivos bajo plástico en el entorno de Doñana viene reflejando una leve aunque progresiva disminución. Desde las casi 6.000 hectáreas que se reconocieron a comienzos de la serie (otoño de 2017) han pasado a unas 5.500 hectáreas en la actualidad.
De estas superficies cultivadas, unas 700 hectáreas se sitúan fuera de la superficie agrícola regable, por lo que sobre ellas hay una presunción de ilegalidad que motiva las inspecciones que realiza la CHG.
